El Fondo de Pensiones boliviano financió durante dieciséis años a Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA), empresa cuya estructura accionaria fue anulada judicialmente en noviembre de 2025. La inversión cayó cinco años consecutivos bajo gestión privada, se revirtió abruptamente con la llegada de la Gestora Pública en 2023, y alcanzó su máximo histórico cinco meses antes del fallo que anuló la compra que dio a su controlador el control de la empresa.