En cinco años (2020-2024), la Fiscalía General registró 139 casos de denuncias presentadas por las trabajadoras sexuales. Durante este tiempo solo dos casos llegaron a sentencia y 81 fueron rechazados, sobreseídos y desestimados, entre otros. Para las denuncias de las trabajadoras sexuales, la tasa de impunidad llega al 98,5%.