Mientras comunidades y científicos advertían desde 2006 sobre inundaciones, contaminación por mercurio y colapso pesquero, la diplomacia boliviana y brasileña avanzaba en la construcción de las represas y, casi dos décadas después, en la firma del acuerdo de la Cota 90. Esta línea de tiempo enfrenta los hitos de la alerta ciudadana y científica con las decisiones políticas y administrativas, mostrando la brecha entre el conocimiento disponible y las acciones del Estado.