Bajo el modelo privatizador de 1996–2005, Bolivia recibió un promedio de USD 300 millones anuales en renta petrolera. Con la gestión estatal post-nacionalización, ese promedio subió a USD 2.742 millones entre 2006 y 2020 —nueve veces más. Desde 2021, la producción declinante redujo los ingresos a poco más de USD 1.000 millones en 2025.