Las iniciativas de fijación del precio del carbono se consideran “pendientes de aplicación” una vez que han sido formalmente aprobadas a través de leyes y cuentan con una fecha de inicio oficial y prevista. Las iniciativas están “en consideración” si el Gobierno ha anunciado su intención de implementar un esquema de este tipo y esto ha sido confirmado formalmente por las fuentes oficiales del Gobierno.
